Por Manuel CARMONA
Un panorama bastante incierto puede advertirse a la distancia para la elección del próximo domingo 1 de junio del 2025, después del experimento democrático que fue aprobado en este 2024 por las dos cámaras del Congreso de la Unión en México.
En esta inédita jornada el ciudadano deberá estampar su decisión en 6 boletas en las cuales deberá elegir entre 5 mil 300 candidatos, un total de 881 jueces y magistrados del Poder Judicial Federal.
Con menos de la mitad de las casillas disponibles debido al recorte de presupuesto al INE, no habrá centros de votación cercanos y el ciudadano deberá desplazarse mayores distancias de lo habitual y serán tan pocas las casillas que lo natural es que se saturen, provocando largos tiempos de espera y mucha gente probablemente optará por retirarse, lo que podría originar una escasa participación electoral al término de los comicios.
Si esto llega a ocurrir, una participación marginal pondría en jaque la legitimidad de quienes aspiran a ser los próximos pilares de la administración de justicia en México: Ministros, Magistrados y Jueces.
Además, ante la restricción de poder hacer campaña abiertamente, ¿Cómo podrá el ciudadano de a pie conocer a los candidatos para poder seleccionarlos y votar por ellos?
Por la información que se conoce hasta el momento se puede advertir que no estamos frente a una democratización de la justicia, sino ante un simple y vil ejercicio de simulación. Es más que evidente que ante la disminución de recursos no habrá presupuesto para la capacitación de quienes estarán a cargo de los centros de votación y esto influirá en la logística de la jornada electoral.
Resulta paradójica esa extraña combinación entre el gran entusiasmo de un amplio sector de la población por la posibilidad de elegir jueces y magistrados, con la notable ausencia de ciudadanía.
Si hubiera un poco de conciencia sobre la enorme responsabilidad que implica elegir profesionales para la impartición de justicia en México, nadie se prestaría a participar en esta alucinante puesta en escena por cortesía del partido en el poder.
¿Alguien en su sano juicio estaría eufórico tras una reforma constitucional que autorizara la elección por voto popular a especialistas para ser contratados por el Instituto Nacional de Cardiología o de Neurología?
¡Pues claro que no! Por la simple y sencilla razón que no contamos con los conocimientos para evaluar entre miles de aspirantes a los mejores perfiles con la preparación y experiencia suficiente para formar parte de la plantilla de médicos especialistas para estas instituciones.
Pues eso es lo que pasa exactamente con este ejercicio con vestimenta democrática, pero con nulas posibilidades de funcionalidad que está previsto llevar a cabo el próximo domingo primero de junio del 2025.
Suponiendo sin conceder que la elección llegara a ser un éxito y se diera una copiosa votación, lo cierto es, que quienes acudan a las urnas, no cuentan con los elementos para una toma de decisión idónea entre los miles y miles de nombres que deberán de considerar a la hora de emitir su sufragio.
Un ciudadano consciente y responsable sabría que carece de los elementos relacionados al ámbito jurídico para participar en un proceso electoral de esta naturaleza, por esa razón insisto en precisar que a este experimento democrático le sobra euforia, pero le falta CIUDADANIA….
* El autor es abogado, escritor y analista político.
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